Respuesta breve
Los juzgados y tribunales contencioso-administrativos controlan que los reglamentos y actuaciones administrativas respeten la Constitución, la ley, el procedimiento, la competencia, los hechos acreditados, la proporcionalidad y la finalidad legal de la potestad. La revisión alcanza actos expresos o presuntos, inactividad y vía de hecho. El juez puede anular, reconocer una situación jurídica, ordenar una actuación debida e indemnizar, pero no redactar un reglamento sustitutorio ni escoger por la Administración el contenido legítimamente discrecional.
Un reglamento puede impugnarse directamente tras su publicación o indirectamente al recurrir un acto que lo aplica. Las sanciones requieren ley, tipicidad, culpabilidad, prueba, audiencia, proporcionalidad y respeto de la prohibición de doble sanción. Las licencias y permisos se revisan tanto por denegación como por silencio; el silencio positivo o negativo depende del procedimiento y de sus excepciones legales. Los nombramientos públicos están sujetos a igualdad, mérito, capacidad, publicidad, imparcialidad y motivación, incluso cuando existe discrecionalidad técnica.
La confianza legítima protege expectativas creadas de modo claro por la Administración, pero no congela la normativa ni permite conservar una ventaja ilegal. La desviación de poder existe cuando una potestad se usa para una finalidad distinta de la fijada por el ordenamiento. Puede demostrarse mediante indicios coherentes. Plazos, legitimación, vía administrativa previa y medidas cautelares dependen del acto y de la legislación sectorial, por lo que deben comprobarse antes de recurrir.
Qué puede controlar la jurisdicción contenciosa
La somete a la Administración plenamente a la ley y al Derecho. Su artículo 106.1 encarga a los tribunales controlar la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y su sometimiento a los fines que la justifican.
La (LJCA), permite impugnar:
- disposiciones generales inferiores a la ley;
- actos expresos y presuntos que ponen fin a la vía administrativa o producen determinados efectos;
- inactividad cuando la Administración incumple una prestación concreta o no ejecuta un acto firme;
- vía de hecho, es decir, actuación material sin cobertura jurídica suficiente;
- determinados actos materialmente administrativos de otros órganos públicos.
Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
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La intensidad depende de la potestad. En una decisión reglada, acreditados los presupuestos, la solución puede venir impuesta. Ante discrecionalidad, el juez controla competencia, procedimiento, hechos, igualdad, motivación, proporcionalidad, elementos reglados y finalidad, sin reemplazar una elección lícita entre opciones válidas.
Si estima, puede anular, ordenar el cese, restablecer un derecho, fijar plazo para actuar o reconocer indemnización. El artículo 71.2 LJCA le impide redactar un reglamento sustitutorio o determinar el contenido discrecional del nuevo acto.
Reglamentos: impugnación directa e indirecta
Un reglamento puede recurrirse directamente, generalmente dentro de dos meses desde su publicación. También cabe impugnar el acto de aplicación alegando ilegalidad del reglamento, aunque no se recurriera directamente o se desestimara aquel recurso. Esta vía conecta la invalidez del acto con la norma aplicada.
Si el órgano del recurso indirecto puede anular el reglamento, declara su invalidez; si no, plantea cuestión de ilegalidad al tribunal competente. La anulación firme produce efectos generales desde la publicación del fallo. No deshace automáticamente sentencias ni actos firmes anteriores, salvo el régimen favorable para sanciones no ejecutadas completamente.
Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior.
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El control incluye jerarquía, reserva de ley, habilitación, competencia territorial, procedimiento de elaboración, audiencia cuando sea exigible, motivación de restricciones y proporcionalidad. La anulación no autoriza al juez a diseñar la política regulatoria sustitutoria.
Sanciones administrativas
La potestad sancionadora está sometida a legalidad e irretroactividad desfavorable, tipicidad, responsabilidad o culpabilidad, proporcionalidad, prescripción y prohibición de sancionar dos veces el mismo sujeto, hecho y fundamento. La Administración carga con prueba suficiente; el expedientado conserva presunción de inocencia, derecho a conocer la acusación, alegar y proponer prueba, y separación funcional adecuada entre instrucción y resolución.
El juez comprueba prueba lícita y suficiente, correspondencia entre hechos y tipo, autoría, culpabilidad, motivación y graduación. Puede anular o reducir una consecuencia jurídicamente determinada, pero no reconstruir la acusación ni agravar la sanción. La proyecta, con matices, las garantías del artículo 24.2 sobre el procedimiento sancionador.
Licencias, permisos y silencio administrativo
Una licencia puede ser anulada o concedida judicialmente cuando la normativa deja una única respuesta legal y se acreditan todos los requisitos. Si persisten valoraciones discrecionales legítimas, el tribunal anula y ordena una nueva decisión motivada sin sustituirlas.
La obliga a resolver. En procedimientos iniciados a solicitud, el silencio es estimatorio como regla, salvo norma legal o de la Unión que disponga lo contrario y varias excepciones: derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio o servicio público, actividades perjudiciales para el medio ambiente, responsabilidad patrimonial, impugnaciones y revisión de oficio, entre otras.
La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación [...] tiene los solos efectos de permitir [...] la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo.
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El silencio positivo vincula y solo se revisa por vías legales, pero el acto presunto puede ser nulo si faltan requisitos esenciales. El negativo no libera de resolver ni convierte el incumplimiento en ventaja procesal. Aunque los plazos reciben interpretación favorable al acceso, no debe demorarse el recurso sin analizar norma sectorial y jurisprudencia.
Nombramientos y selección pública
Los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución exigen acceso en condiciones de igualdad conforme a mérito y capacidad. El añade publicidad, transparencia, imparcialidad, profesionalidad e independencia técnica de los órganos selectivos, adecuación de pruebas y agilidad.
La discrecionalidad técnica no crea una zona inmune. El tribunal revisa bases de convocatoria, composición y abstención, criterios fijados, igualdad de trato, errores materiales, coherencia de puntuaciones y motivación, especialmente al resolver impugnaciones. No sustituye una valoración técnica razonada por su propia preferencia. La subraya que las condiciones de acceso deben estar predeterminadas para impedir decisiones concretas incompatibles con igualdad, mérito y capacidad.
También distingue acceso, provisión y cargos de confianza. El personal eventual puede nombrarse y cesarse libremente dentro de su función legal de confianza o asesoramiento, pero esa condición no puede convertirse en mérito para acceder a la función pública.
Confianza legítima
La incluye buena fe y confianza legítima entre los principios administrativos. Su protección exige normalmente una conducta clara, concreta y atribuible a la autoridad competente, capaz de generar razonablemente una expectativa; actuación prudente del interesado; y una ruptura pública no previsible que cause perjuicio.
No basta una esperanza, práctica informal o simple continuidad normativa. La confianza no prevalece frente a una regla imperativa ni otorga un derecho a que nunca cambie una política. El tribunal pondera interés público, previsibilidad, medidas transitorias, información y proporcionalidad. La recuerda, en el plano legislativo, que seguridad y confianza no impiden cambios regulatorios previsibles y justificados.
Desviación de poder
La desviación no exige que el acto sea externamente incompetente. Existe cuando la autoridad usa una potestad válida para un fin real distinto del previsto: por ejemplo, reorganizar un puesto para castigar a una persona, declarar desierta una plaza para favorecer a otro candidato o usar una inspección con finalidad ajena a la ley.
Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.
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Quien la alega debe aportar una base probatoria suficiente, pero rara vez habrá confesión expresa. Son relevantes la cronología, trato comparado, contradicciones, apartamiento de informes, motivación aparente y conexión entre decisión y objetivo impropio. El tribunal valora los indicios en conjunto; una mera sospecha no basta.
Cómo preparar el recurso
La persona debe identificar el objeto; comprobar legitimación, tribunal, recursos y plazo; conservar expediente y prueba; y concretar anulación, reconocimiento, actuación o daños. Puede pedir cautelares si la ejecución frustra el recurso, ponderando los intereses. Ni la vía administrativa ni la judicial suspenden siempre: debe solicitarse y justificarse salvo regla especial.
Conclusión
La jurisdicción contenciosa realiza control jurídico pleno, no una nueva administración. Examina normas, hechos, procedimiento, motivación, proporcionalidad y finalidad, respetando el margen discrecional lícito. Varían las técnicas: impugnación directa o indirecta de reglamentos, garantías sancionadoras, efectos del silencio, control técnico de nombramientos y prueba indiciaria de desviación. Elegir objeto, vía, plazo y cautelares es tan importante como demostrar la infracción.
Fuentes
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