Respuesta breve
En España decide la realidad de la prestación, no el nombre del contrato, el alta fiscal, la factura ni el acuerdo de ser «autónomo». Existe relación laboral cuando una persona presta voluntariamente servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro de la organización y dirección de otra. Los tribunales valoran conjuntamente dependencia y ajenidad: quién fija precios y clientes, organiza tareas y horarios, controla resultados, aporta los activos esenciales, asume pérdidas y obtiene los frutos del negocio.
La libertad formal para rechazar encargos o elegir franja no excluye empleo si un algoritmo asigna trabajo, puntúa, penaliza o condiciona ingresos. Para el reparto mediante plataforma digital existe una presunción laboral específica cuando la empresa ejerce organización, dirección y control, incluso indirectos o implícitos, mediante gestión algorítmica.
Un autónomo económicamente dependiente (TRADE) sigue siendo verdadero empresario por cuenta propia, aunque reciba al menos el 75 % de sus ingresos de un cliente. Debe conservar organización, medios relevantes y riesgo propios; un contrato TRADE no sana una falsa autonomía.
Una franquicia tampoco decide la calificación. Inversión real, empleados, clientela y riesgo favorecen autonomía; control cotidiano y ausencia de negocio propio pueden revelar empleo. Un socio-administrador exige separar cargo societario, otros servicios, participación y control efectivo. La Seguridad Social puede encuadrarlo en régimen general, asimilado o RETA, pero ese encuadramiento no sustituye el análisis laboral.
La prueba central: dependencia y ajenidad
El artículo 1.1 del contiene la definición:
Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona.
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Los indicios se ponderan en conjunto. La dependencia puede aparecer en instrucciones, horario, geolocalización, evaluación, sanciones, integración en equipos o imposibilidad práctica de organizar el servicio. No exige vigilancia presencial ni subordinación absoluta.
La ajenidad pregunta quién controla mercado y frutos: si la empresa decide tarifa y relación con clientes, cobra, aporta la marca o infraestructura esencial y asume beneficio y pérdida, la persona suele trabajar en negocio ajeno. Equipos accesorios —teléfono, bicicleta, ordenador— no prueban por sí mismos empresa propia.
Favorecen autonomía real la capacidad de negociar precio, formar cartera, decidir métodos, contratar sustitutos efectivos, invertir, publicitarse y soportar riesgo comercial. Ningún indicio aislado es decisivo. También importan continuidad, carácter personal y forma real de remuneración.
El contrato y las facturas no vinculan al juez
Rige el principio de primacía de la realidad. Un alta en RETA, IVA, facturación mensual, seguro o cláusula de independencia son pruebas contextuales, no una renuncia válida a derechos laborales. Si concurren las notas del artículo 1.1, el vínculo es laboral.
El , confirma que la etiqueta nacional de autónomo no impide reconocer un trabajador cuando su independencia es ficticia: no determina su conducta de mercado, no asume riesgos y actúa como auxiliar integrado en la empresa.
La consecuencia puede incluir convenio colectivo, salario, jornada, vacaciones, prevención, cotizaciones y protección frente al despido. La Inspección de Trabajo puede promover altas y cuotas; la persona puede pedir declaración ante la jurisdicción social. Una extinción exige atención inmediata porque la impugnación de despido tiene un plazo de veinte días hábiles.
Plataformas y gestión algorítmica
La incorporó la jurisprudencia de la STS 805/2020 sobre Glovo. La disposición adicional vigesimotercera del Estatuto presume laboral el reparto o distribución remunerados cuando la plataforma ejerce facultades empresariales mediante gestión algorítmica.
Se presume incluida en el ámbito de esta ley la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía [...] mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo.
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La presunción es rebatible y específica: no convierte automáticamente en empleados a quienes prestan otros servicios mediante aplicaciones. Fuera del reparto se aplica la prueba general. En ambos casos se mira si la libertad es efectiva: rechazar tareas puede ser aparente si reduce puntuación, prioridad, franjas o acceso futuro.
La confirmó la validez formal de la regulación de urgencia precedente y recoge su conexión con la doctrina del Tribunal Supremo. El algoritmo es una forma posible de dirección, no una barrera frente al Derecho laboral.
La exige, antes del 2 de diciembre de 2026, procedimientos eficaces y una presunción rebatible cuando existan hechos que indiquen dirección y control. A 19 de julio de 2026 el plazo de transposición aún no había vencido. La norma europea no reduce la protección española y abarca más clases de plataforma que la presunción nacional de reparto.
Como contraste, el , consideró compatible con autonomía una libertad auténtica para usar sustitutos, rechazar tareas, trabajar simultáneamente para competidores y fijar horario, siempre que no sea ficticia ni exista subordinación. Es un análisis de hechos, no una lista que pueda reproducirse solo en el contrato.
Autónomo económicamente dependiente (TRADE)
El TRADE no es una categoría intermedia de asalariado. El artículo 11 de la exige actividad lucrativa habitual, personal, directa y predominante para un cliente del que proceda al menos el 75 % de ingresos.
Debe desarrollar su actividad con criterios organizativos propios [...] y percibir una contraprestación en función del resultado, asumiendo riesgo y ventura.
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Además, como regla, no puede tener empleados ni subcontratar, no debe trabajar de modo indiferenciado con asalariados del cliente y ha de disponer de infraestructura propia relevante. Hay excepciones limitadas para contratar una persona por conciliación o cuidado.
El contrato debe constar por escrito y registrarse. El cumplimiento del 75 % y el registro no prevalecen sobre los hechos: si falta riesgo u organización propia, puede haber relación laboral ordinaria. Si sí existe autonomía pero el cliente niega la condición, cabe comunicación fehaciente y solicitud de reconocimiento ante el orden social.
Franquicias y otros contratos mercantiles
La franquicia aporta marca, manuales, estándares y controles de calidad. Esos elementos protegen una red comercial y no crean empleo automáticamente. La autonomía se refuerza cuando el franquiciado aporta capital, arrienda local, contrata personal, atiende su clientela, decide parte de la gestión y soporta pérdidas.
La conclusión cambia si la supuesta franquicia encubre trabajo personal: no hay inversión significativa ni clientela propia, la contraparte fija precios, turnos y vacaciones, aporta activos esenciales, supervisa cada tarea y remunera por tiempo o unidades sin riesgo empresarial real. El tribunal puede declarar laboralidad aunque exista sociedad interpuesta. También debe identificarse el empleador: una persona puede ser asalariada de la franquiciada sin serlo del franquiciador.
Socios, administradores y alta dirección
El artículo 1.3.c del Estatuto excluye la actividad limitada al mero cargo de consejero o miembro del órgano de administración. Si existen otros servicios operativos, se analizan por separado. Las funciones propias de gobierno y máxima dirección suelen quedar absorbidas por el vínculo societario; tareas comunes diferenciadas pueden ser laborales si hay ajenidad y subordinación reales.
La participación importa. Los artículos 136 y 305 de la sitúan en RETA a quien dirige o presta servicios habitualmente y posee control efectivo. Existe control con al menos la mitad del capital y se presume, salvo prueba, con un tercio, o con un cuarto si ejerce dirección y gerencia; también operan reglas familiares. Sin control, un socio trabajador puede estar en régimen general y un administrador ejecutivo quedar asimilado, normalmente sin desempleo ni FOGASA.
La mera pertenencia al consejo no basta por sí sola para excluir una relación de subordinación: deben examinarse funciones, poderes, supervisión y posibilidad de cese.
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Danosa interpreta un concepto europeo de trabajador para una directiva concreta. No elimina las reglas españolas sobre cargo societario, pero impide decidir únicamente por el título de administrador cuando se aplica Derecho de la Unión.
Conclusión
La calificación parte de hechos acumulados: control, integración, mercado, medios, riesgo y beneficio. Plataformas, contratos TRADE, franquicias y sociedades cambian los indicios, no el principio de realidad. Hay que separar contrato laboral, régimen de Seguridad Social y cargo mercantil, identificar al verdadero empleador y actuar pronto si hubo extinción o falta de cotización.
Fuentes
- , y
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