Respuesta breve
El Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucional y nula una ley mediante un recurso de inconstitucionalidad presentado por uno de los órganos legitimados o mediante una cuestión planteada por un juez cuando la ley sea aplicable y decisiva para su sentencia. Una persona no puede interponer directamente esos procedimientos solo por resultar afectada, pero puede alegar la inconstitucionalidad ante el juez ordinario y pedirle que plantee la cuestión.
El recurso de amparo protege los derechos del artículo 14 y de los artículos 15 a 29 de la , además de la objeción de conciencia del artículo 30.2. Incluye igualdad, libertad de expresión e información, intimidad y garantías procesales. El derecho de propiedad del artículo 33 no es, por sí solo, directamente tutelable en amparo. Un litigio patrimonial puede, no obstante, dar lugar a amparo si también existe una lesión autónoma de igualdad, intimidad o tutela judicial efectiva.
El amparo es subsidiario y excepcional: deben agotarse los remedios judiciales útiles, invocar oportunamente el derecho, cumplir el plazo aplicable y justificar por separado la especial trascendencia constitucional. No es una tercera instancia para revisar hechos o la mera legalidad. Si se concede, el Tribunal puede anular el acto o sentencia, reconocer el derecho y restablecer al demandante. Si la lesión procede de una ley, la Sala puede elevar una cuestión interna al Pleno para decidir su nulidad con efectos generales.
Dos vías distintas: controlar la ley y reparar el derecho
La separa el control abstracto o incidental de las leyes de la protección subjetiva mediante amparo.
El recurso de inconstitucionalidad impugna directamente una ley o norma con fuerza de ley. Pueden promoverlo el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados o senadores y, en su ámbito, ejecutivos y asambleas autonómicos. El plazo ordinario es de tres meses, ampliable a nueve para determinadas negociaciones Estado-comunidad autónoma.
La cuestión de inconstitucionalidad nace en un proceso ordinario. Tras oír a las partes y al Ministerio Fiscal, el juez la plantea si una ley aplicable y decisiva puede contradecir la Constitución. No suspende su vigencia general, aunque el proceso espera la respuesta constitucional.
Cuando un órgano judicial considere [...] que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional.
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Una sentencia estimatoria puede declarar inconstitucional y nulo el precepto, preservando normalmente el resto. Produce cosa juzgada y efectos frente a todos cuando no se limita a un derecho subjetivo. El Tribunal puede modular efectos, pero no sustituye libremente la norma anulada.
Qué derechos admite el amparo
El artículo 53.2 de la Constitución y el artículo 41 LOTC delimitan el catálogo. Son amparables:
- la igualdad y prohibición de discriminación del artículo 14;
- los derechos fundamentales de los artículos 15 a 29, entre ellos integridad, libertad, honor, intimidad, domicilio, comunicaciones, datos personales, expresión, información, reunión, asociación y participación;
- la objeción de conciencia del artículo 30.2.
Los derechos y libertades reconocidos en los artículos catorce a veintinueve de la Constitución serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta Ley establece.
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El derecho de propiedad y herencia del artículo 33 pertenece a la sección siguiente. Una privación, restricción de uso o indemnización insuficiente no permite amparo directo por ese artículo. La persona usa la jurisdicción competente y, si el problema deriva de una ley, solicita una cuestión de inconstitucionalidad. Sí cabe amparo por una lesión autónoma: discriminación, entrada domiciliaria o denegación arbitraria de acceso judicial. Cambiar la etiqueta de una reclamación patrimonial no la convierte en derecho amparable.
Cómo examina los derechos mencionados
Igualdad
El artículo 14 prohíbe discriminaciones por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra condición personal o social. El demandante debe identificar situaciones comparables y la diferencia imputable al poder público. El Tribunal busca una finalidad legítima y justificación objetiva, razonable y proporcionada, con control reforzado ante categorías prohibidas. La igualdad en la aplicación judicial exige un comparador válido del mismo órgano y que el cambio de criterio no sea arbitrario.
Expresión e información
El artículo 20 distingue opiniones e ideas de la comunicación de hechos. Las opiniones no están sujetas a prueba de verdad, pero no amparan insultos sin relación con el debate. La información exige diligencia razonable en la comprobación de su veracidad. En conflictos con honor, intimidad o propia imagen, el Tribunal pondera interés general, condición pública de la persona, contexto, contenido, forma y proporcionalidad.
La concedió amparo en un conflicto entre expresión y honor durante un debate político. Destacó contexto electoral, interés público y mayor tolerancia a la crítica de responsables públicos. No repitió el juicio civil: comprobó la ponderación constitucional realizada.
Intimidad, domicilio, comunicaciones y datos
El artículo 18 protege ámbitos distintos. Una injerencia pública exige base legal, fin legítimo y proporcionalidad. La entrada domiciliaria requiere consentimiento, resolución judicial o flagrante delito; intervenir comunicaciones exige resolución judicial salvo excepción admisible. La protección de datos incluye control sobre recogida, uso y comunicación de información personal. El demandante debe precisar la facultad afectada y la insuficiencia de la justificación.
Tutela judicial y proceso debido
El artículo 24 protege acceso a la justicia, una resolución motivada y no arbitraria, defensa sin indefensión material y ejecución de lo juzgado. Su apartado 2 incluye juez predeterminado, defensa y asistencia letrada, prueba pertinente, proceso público sin dilaciones indebidas, garantías, no autoincriminación y presunción de inocencia.
El Tribunal no corrige cualquier error. Una inadmisión razonable, una discrepancia probatoria o una irregularidad sin perjuicio real no bastan. En materia penal la protección es reforzada, pero limitada a la dimensión constitucional.
Requisitos para que una persona obtenga amparo
La lesión debe proceder de un poder público. Puede impugnarse una sentencia que no reparó un conflicto entre particulares, pero el objeto es la actuación pública y su ponderación constitucional.
Los requisitos cambian según el origen:
- Actos parlamentarios sin fuerza de ley: demanda dentro de tres meses desde su firmeza.
- Actos administrativos: agotamiento de la vía judicial procedente y demanda dentro de veinte días desde la notificación de la resolución judicial.
- Resoluciones judiciales: agotamiento de los medios útiles, imputación inmediata y directa al órgano judicial, invocación del derecho tan pronto como sea posible y demanda dentro de treinta días desde la notificación.
Un recurso manifiestamente improcedente no amplía el plazo. Para una lesión no invocable antes puede exigirse el incidente de nulidad. La demanda expone hechos, derechos, reparación solicitada y aporta representación y resoluciones relevantes.
Además debe justificar la especial trascendencia constitucional: por qué el asunto importa para interpretar, aplicar o asegurar la eficacia general de la Constitución o para determinar el alcance de los derechos. No basta con explicar que la lesión personal fue grave.
La mera lesión de un derecho fundamental [...] ya no será por sí sola suficiente para admitir el recurso, pues es imprescindible, además, su «especial trascendencia constitucional».
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La incluyó, sin lista cerrada, un problema nuevo, ocasión para aclarar doctrina, incumplimiento reiterado, lesión causada por una ley y relevante repercusión general. Debe argumentarlo el recurrente.
Qué puede ordenar el Tribunal
La interposición no suspende por sí sola la decisión impugnada. El Tribunal puede acordar suspensión u otras cautelas si la ejecución haría perder al amparo su finalidad y la medida no causa perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido o a derechos ajenos.
Si estima la demanda, la sentencia puede declarar nulo el acto o resolución, reconocer el derecho y restablecer al recurrente, por ejemplo retrotrayendo un proceso para que se dicte una nueva decisión respetuosa con las garantías.
La sentencia que otorgue el amparo contendrá [...] declaración de nulidad [...] reconocimiento del derecho o libertad pública [...] [y] restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho.
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Si la lesión deriva de aplicar una ley, una Sala no anula incidentalmente la ley solo para resolver el caso. Conforme al artículo 55.2 LOTC, eleva una cuestión interna al Pleno, que decide la constitucionalidad. El ilustra esa secuencia: dentro de un amparo sobre tutela judicial, la Sala suspendió el plazo de sentencia y planteó al Pleno si una regla procesal que impedía revisión judicial vulneraba el artículo 24. Así se coordinan reparación individual y depuración general del ordenamiento.
Conclusión
Anular una ley y conceder amparo son funciones conectadas, no intercambiables. El control de leyes exige recurso legitimado o cuestión judicial; el amparo repara derechos expresamente incluidos. Igualdad, expresión, intimidad y garantías procesales entran, mientras la propiedad solo accede por lesión autónoma de otro derecho amparable. Agotamiento, invocación, plazo y especial trascendencia son decisivos. Si la lesión nace de una ley, el artículo 55.2 permite además una decisión general.
Fuentes
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