Respuesta breve
Una administración española debe indemnizar cuando el funcionamiento normal o anormal de un servicio público causa un daño efectivo, económicamente evaluable e individualizado que la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Debe existir relación causal, y se excluye la fuerza mayor. Que un acto sea anulado no genera automáticamente indemnización: hay que demostrar lesión antijurídica y causalidad. El régimen cubre actuaciones, omisiones y servicios defectuosos de administraciones estatales, autonómicas y locales.
La responsabilidad del Estado legislador tiene reglas especiales. Una ley no expropiatoria puede prever compensación; una ley declarada inconstitucional puede generarla bajo los requisitos de la . Si la infracción es del Derecho de la Unión, basta en sustancia que la norma europea confiera derechos, la infracción sea suficientemente caracterizada y exista nexo causal. Las restricciones procesales nacionales no pueden hacer la reparación imposible o excesivamente difícil.
Por error judicial o funcionamiento anormal de la justicia rigen la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. El error exige normalmente una declaración previa mediante el procedimiento especial ante el Tribunal Supremo; la dilación u otro funcionamiento anormal se reclama al Ministerio de Justicia. No toda revocación, retraso o resultado adverso es indemnizable. En cada vía hay que acreditar daño y causalidad y respetar plazos breves, normalmente de un año para la reclamación patrimonial, con reglas especiales sobre cuándo comienza.
Requisitos comunes del daño indemnizable
El artículo 106.2 de la reconoce el derecho a ser indemnizado por lesiones derivadas del funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor, en los términos legales.
Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos [...] siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
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Los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015 exigen:
- daño real y cierto, no una posibilidad futura puramente hipotética;
- valoración económica, incluso cuando sea daño moral acreditado;
- individualización respecto de una persona o grupo identificable;
- antijuridicidad, es decir, ausencia de deber legal de soportarlo;
- nexo causal entre servicio o actuación pública y lesión;
- inexistencia de fuerza mayor que rompa la imputación.
La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
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El sistema se califica de objetivo porque no exige identificar culpa personal del funcionario, pero el Estado no es asegurador universal. El riesgo debe ser atribuible al servicio, no a la conducta exclusiva de la víctima, un tercero imprevisible o fuerza mayor. La concurrencia causal puede reducir la indemnización.
No se indemnizan daños imprevisibles o inevitables según el estado de la ciencia o técnica, sin perjuicio de prestaciones legales. La reparación, sin enriquecimiento, puede incluir daño emergente, lucro cesante probado y daño personal o moral.
Actuación administrativa y servicios públicos defectuosos
La responsabilidad puede proceder de una resolución ilegal, falta de mantenimiento, error sanitario, información administrativa incorrecta, pérdida de expedientes, ejecución material, demora o falta de actuación debida. El funcionamiento puede ser anormal, pero la ley también contempla funcionamiento normal cuando produce una lesión singular que la persona no está obligada a soportar.
En sanidad no se garantiza curación: se examinan práctica exigible, consentimiento, diagnóstico y causalidad. En infraestructuras importan estado, señalización, riesgo y conducta del usuario. En permisos o sanciones anulados aún debe probarse pérdida indemnizable y ausencia de deber de soportarla.
La reclamación se dirige a la administración responsable. Si varias actuaron conjuntamente puede haber solidaridad; en otros casos se distribuye según competencia e intervención. La indemnización también puede solicitarse en el recurso contencioso contra el acto.
Responsabilidad por leyes
Ley válida que causa una carga singular
Los particulares pueden ser compensados por actos legislativos no expropiatorios cuando no tengan deber de soportar la lesión y la propia ley prevea indemnización en los términos que establezca. No existe una regla general según la cual toda pérdida económica causada por una reforma legislativa deba pagarse.
Ley declarada inconstitucional
El artículo 32.4 de la Ley 40/2015 permite indemnización cuando el daño deriva de una norma declarada inconstitucional si se cumplen los requisitos generales y el perjudicado obtuvo previamente una sentencia firme desestimatoria contra la actuación que causó el daño, habiendo invocado la inconstitucionalidad después reconocida. La ley limita, salvo decisión distinta, los daños indemnizables a los producidos en los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia constitucional y fija un plazo de reclamación desde esa publicación.
Por ello es decisivo impugnar el acto y plantear el argumento constitucional. La inconstitucionalidad no indemniza automáticamente: deben probarse daño individual, cuantía y causalidad.
Ley contraria al Derecho de la Unión
La responsabilidad por infracción de la UE nace directamente del Derecho de la Unión cuando: la norma infringida confiere derechos a particulares, la infracción es suficientemente caracterizada y existe relación causal directa. Puede proceder cualquiera que sea el poder estatal responsable, incluido el legislador.
La , declaró en 2022 que varias condiciones de los artículos 32 y 34 de la Ley 40/2015 y 67 de la Ley 39/2015 vulneraban el principio de efectividad en cuanto hacían excesivamente difícil reclamar por ley contraria al Derecho de la UE. Entre los problemas estaban supeditar la acción a una declaración previa de incompatibilidad, exigir determinada impugnación anterior y aplicar rígidas ventanas temporales vinculadas a la publicación de la sentencia europea.
Una autoridad o tribunal debe interpretar y, si hace falta, inaplicar la condición nacional incompatible. La literalidad aún visible en el texto consolidado no agota el régimen. Deben invocarse los tres requisitos europeos y la efectividad.
Error judicial y funcionamiento anormal de la justicia
El artículo 121 de la Constitución contiene una base distinta:
Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.
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Los artículos 292 a 297 de la (LOPJ) exigen daño efectivo, evaluable e individualizado. La simple revocación o anulación de una resolución no presupone error indemnizable.
Error judicial
El error es una equivocación especialmente cualificada, no una interpretación discutible corregida en recurso. Antes de reclamar debe declararse expresamente, mediante sentencia de revisión o solicitud a la Sala correspondiente del Tribunal Supremo. Deben agotarse los recursos; la declaración se pide en tres meses desde que pudo ejercitarse. Después se reclama al Ministerio de Justicia.
Funcionamiento anormal y dilaciones
Extravíos, notificaciones erróneas, ejecución defectuosa o retrasos pueden ser funcionamiento anormal sin cuestionar una sentencia. No requieren declaración previa de error: se reclama al Ministerio de Justicia, normalmente con informe del Consejo General del Poder Judicial.
La dilación no se mide solo por calendario: cuentan complejidad, duración comparable, conducta de parte y tribunal y consecuencias. Para detenerla se usan remedios procesales y, si procede, amparo; indemnizar exige daño concreto. La separa tutela sin dilaciones y resarcimiento por funcionamiento anormal.
La prisión preventiva seguida de absolución o sobreseimiento tiene una regla específica en el artículo 294 LOPJ. Tras la , no puede restringirse la compensación mediante las antiguas distinciones sobre inexistencia objetiva o subjetiva del hecho; se valoran tiempo privado de libertad y consecuencias personales y familiares.
Plazos y procedimiento
El artículo 67 de la fija, como regla, un año desde el hecho o desde que se manifiesta su efecto lesivo. Para daños físicos o psíquicos cuenta desde la curación o determinación de secuelas. Tras anulación de un acto o disposición, cuenta desde la notificación de la sentencia o resolución definitiva. Las leyes inválidas tienen reglas vinculadas a la publicación, con la corrección europea ya explicada.
La solicitud identifica lesión, causalidad, valoración, fecha y prueba. La Administración recaba informes y resuelve; el silencio abre la vía contenciosa. En responsabilidad judicial, el año para reclamar dinero no debe confundirse con los tres meses para declarar el error.
Conviene documentar gastos, ingresos perdidos, historia clínica, comunicaciones y medidas de mitigación. Una vía o plazo equivocado puede frustrar un perjuicio real.
Conclusión
La responsabilidad patrimonial repara lesiones antijurídicas atribuibles al poder público, no cualquier ilegalidad o resultado desfavorable. Actos y servicios exigen daño efectivo, individualizado, causal y no debido; leyes inválidas añaden reglas específicas, con primacía y efectividad europeas. En justicia deben separarse error, funcionamiento anormal, dilación y prisión preventiva. Identificar vía, argumento, causalidad, cuantía y plazos es esencial.
Fuentes
This article provides general legal information, not advice for a specific matter. Laws, facts and procedural deadlines may change the result. Follow the linked primary sources and obtain local advice before acting.